Durante la mesa «Sistemas de recupero en hospitales públicos», el Dr. Maximiliano Derecho, el Dr. Ricardo Babich y el Dr. Juan Cifre (OSFE) analizaron cómo la transformación del cobro hospitalario estatal afecta la sustentabilidad de la seguridad social. En el debate, los especialistas expusieron las distorsiones de valor, las asimetrías regulatorias y las trabas operativas que imponen los modelos subnacionales de recaudación a las entidades financiadoras.
La discusión sobre el financiamiento de los hospitales públicos incorporó otro foco de tensión para los financiadores de la seguridad social: los sistemas estatales de recupero de costos. Durante la Jornada Anual de la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), representantes de obras sociales y entidades financiadoras plantearon que estos mecanismos, concebidos originalmente para recuperar los gastos derivados de la atención de afiliados en establecimientos públicos, adquirieron una dimensión recaudatoria que genera nuevas presiones sobre las cuentas del sector.
El planteo fue desarrollado por Ricardo Babich de UP, Enrique Botti de FACOEP y Juan Cifre de la Obra Social Ferroviaria (OSFE), durante la mesa moderada Maximiliano Derecho, «Sistemas de recuperos en Hospitales Públicos». Allí señalaron que la proliferación de esquemas subnacionales, tras cambios en la regulación nacional, modificó la relación entre hospitales públicos y financiadores y generó, según advirtieron, una creciente asimetría en materia de aranceles, auditoría y mecanismos de cobro.
En el caso de FACOEP, el sistema de facturación de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Botti señaló que el modelo comenzó a replicarse en otras jurisdicciones, entre ellas Mendoza, La Pampa y Córdoba y manifestó que la principal preocupación está vinculada con los valores utilizados para facturar prestaciones, medicamentos e insumos.
Por otro lado, desde OSFE sostuvieron que los nomencladores aplicados en estos sistemas pueden establecer valores entre tres y cuatro veces superiores a los vigentes en el sector privado. A diferencia de las negociaciones que realizan los financiadores con prestadores privados, en el ámbito público determinados medicamentos y descartables son facturados a valores de lista.
Los disertantes mencionaron además el modo en que se desagregan algunas prácticas. Como ejemplo, mencionaron el caso de un panel viral respiratorio: mientras una institución privada puede facturar la práctica completa por $144.190, indicaron que FACOEP llega a facturar $158.304 por cada una de las determinaciones que integran ese panel. Para los financiadores, este tipo de esquemas genera una distorsión de los valores y dificulta la previsibilidad del gasto prestacional.
A esto se sumaron situaciones vinculadas con la atención de emergencias. Según plantearon, cuando el SAME traslada obligatoriamente a un paciente a un hospital público, pueden generarse cargos tanto por el traslado como por la atención inicial, incluso cuando posteriormente el paciente es derivado a otro prestador. El cuestionamiento apunta, en este caso, al circuito de facturación y a la posibilidad de que una misma atención termine generando distintos componentes de cobro.
Una auditoría con reglas diferentes
Otro de los puntos discutidos fue el proceso de auditoría. Los expositores cuestionaron particularmente la Resolución 1122/2026, a partir de la cual, según explicaron, la factura emitida por el hospital público adquiere fuerza de título ejecutivo. Esto habilita mecanismos de cobro judicial ante demoras en el pago y, de acuerdo con los representantes de OSFE, coloca a las obras sociales en una posición de mayor vulnerabilidad frente a eventuales diferencias sobre las prestaciones facturadas.
También señalaron dificultades para realizar auditorías dentro de los plazos establecidos. Entre los problemas mencionaron que las notificaciones de internación pueden recibirse hasta 96 horas después del ingreso, cuando el paciente ya fue dado de alta, y que los financiadores disponen de alrededor de 30 días para revisar expedientes que, en algunos casos, presentan documentación incompleta.
La falta de epicrisis, protocolos quirúrgicos o firmas médicas fueron algunos de los ejemplos señalados. Para los financiadores, estas condiciones reducen la posibilidad de verificar oportunamente si la prestación facturada se corresponde con la atención efectivamente realizada.
Durante la exposición también se plantearon observaciones sobre las internaciones. Los representantes de OSFE mencionaron casos en los que se habrían facturado días previos a cirugías programadas o jornadas en las que no se realizaron procedimientos, situaciones que, según advirtieron, pueden extender el período de internación y elevar el costo final de la atención.
El recupero y la discusión sobre la calidad
El planteo excedió, de este modo, la discusión sobre el precio de una prestación y se vinculó con la forma en que se organiza la atención y se relacionan los financiadores con los hospitales públicos.
Los expositores cuestionaron que la necesidad de incrementar el recupero pueda traducirse en una mayor utilización de estudios y prácticas complementarias y reclamaron mecanismos que permitan discutir criterios de consumo y pertinencia prestacional. En ese sentido, señalaron la necesidad de recuperar espacios de diálogo entre financiadores y efectores públicos para establecer reglas compartidas.
La magnitud económica del problema también fue puesta sobre la mesa. Según lo expuesto durante la jornada, la facturación vinculada con este tipo de recuperos supera los $750 millones, una cifra que, para los financiadores, adquiere relevancia en un sistema en el que las obras sociales enfrentan simultáneamente aumentos de costos, dificultades de financiamiento y mayores exigencias de cobertura.
La propuesta planteada fue avanzar desde los mecanismos de emergencia y las controversias individuales hacia un esquema de concertación entre el Estado y los financiadores, que permita revisar nomencladores, criterios de auditoría, documentación respaldatoria y mecanismos de cobro.
La discusión expuesta en la jornada vuelve a poner en primer plano una tensión estructural: cómo recuperar los recursos que el sistema público destina a atender a afiliados de la seguridad social sin convertir ese recupero en una fuente adicional de presión financiera para las obras sociales. Para los participantes, resolver esa ecuación requiere reglas previsibles, valores razonables y mecanismos de auditoría que permitan controlar el gasto sin obstaculizar el acceso a la atención.
