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En la mesa de cierre de la Jornada Anual de CAPRESS, representantes de las cámaras del sector analizaron la pérdida de financiamiento, el crecimiento de las prestaciones y la presión sobre los prestadores. Plantearon la necesidad de revisar el PMO, avanzar en evaluación de tecnologías y compras conjuntas, y recuperar espacios de diálogo entre financiadores y prestadores. La calidad y la seguridad de la atención quedaron entre las principales prioridades de inversión.

La sustentabilidad del sistema de salud fue el centro de la discusión de la mesa de cierre de la Jornada Anual de CAPRESS, que reunió a representantes de las principales cámaras del sector para analizar las condiciones actuales y plantear posibles caminos de reforma.

La mesa estuvo integrada por el licenciado Hugo Magonza, de UAS;  Jorge Cherro, de ADECRA; Juan Grass, de CONFECLISA; Héctor Santander, de ACAMI, y por Salud Federal, Rodrigo Sánchez Almeyra y Andrés Sabalette, con la moderación de María Teresa Ithurburu, presidenta de CAPRESS.

El punto de partida fue una descripción de la brecha entre los recursos disponibles y los costos que enfrenta el sistema. Magonza precisó que los recursos provenientes de los salarios regularizados se encuentran un 33% por debajo de las necesidades del sector, mientras que la seguridad social percibe un 23% menos de ingresos frente a un costo de salud que supera en un 45% al IPC. A esto se suma un retraso del 47% de los aranceles de los prestadores médicos respecto de la inflación.

Para el presidente de la UAS, la situación actual contrasta con la capacidad de articulación que el sistema mostró durante la pandemia. «Si no hubiera tenido un montón de virtudes, no habría llegado hasta acá. También tuvo muchas fallas y errores», señaló.

Magonza destacó especialmente el conocimiento acumulado y la capacidad profesional existente en el país. «Creo que el conocimiento que hay en el sistema de salud de la República Argentina es de los mejores. El modelo de solidaridad que hemos construido hasta ahora es imbatible», afirmó.

En esa línea, sostuvo que la fragmentación y la segmentación, habitualmente señaladas como problemas estructurales, no deberían llevar a desarmar las capacidades existentes. «Tenemos una estructura, una historia y profesionales de enorme calidad. Y tenemos un modelo que, si bien todo el mundo critica por la fragmentación y la segmentación, nos da una oportunidad enorme si logramos hacerlo funcionar sin romper lo que funciona».

Un sistema que promete más de lo que puede financiar

El diagnóstico de Jorge Cherro puso el foco en la distancia entre las obligaciones que el sistema asume y su capacidad efectiva para financiarlas.

«Tenemos un sistema de salud que promete mucho más de lo que está en condiciones de dar, de acuerdo con las posibilidades que tiene para financiarlo», sostuvo.

En particular, cuestionó la expansión permanente del Programa Médico Obligatorio. «Tenemos un Programa Médico Obligatorio prácticamente infinito desde 1996, que incorpora cada vez más prestaciones, a mi criterio con cierta demagogia por parte del legislador y sin su correspondiente financiamiento».

También señaló que las prestaciones no incluidas en el PMO pueden terminar siendo incorporadas por la vía judicial, a través de recursos de amparo. Al mismo tiempo, describió un crecimiento de la demanda asociado, entre otros factores, a la incorporación de monotributistas, las moratorias y el PAMI.

«Tenemos, entonces, más oferta y mayor demanda, lo que genera un combo explosivo que hace que el sistema sea insustentable», afirmó.

A ese escenario sumó la innovación tecnológica, la aparición de medicamentos de altísimo precio y el envejecimiento de la población.

Cherro también ubicó a los prestadores institucionales en una posición especialmente vulnerable dentro de la cadena. «Clínicas, sanatorios y sus equipos de trabajo, no solamente los médicos sino también todos los profesionales y trabajadores no médicos, conformamos un valor que es el más débil de la cadena».

La situación se profundiza, según explicó, por los problemas económico-financieros que atraviesan los financiadores, las demoras en los pagos y aranceles que, en muchos casos, se encuentran alejados de los costos reales de prestación.

«Todo eso erosiona la capacidad de sustentabilidad del sistema. No tenemos sustentabilidad por todas esas razones», resumió.

Para Cherro, el problema también tiene una dimensión histórica y federal. Al referirse a las paritarias, cuestionó la existencia de acuerdos de alcance general que deben ser afrontados por instituciones con realidades económicas muy diferentes.

«Las paritarias son un grave problema en un país federal. Es una paritaria unitaria que firman los hospitales de comunidad y los grandes sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires y, al mismo tiempo, obliga a la clínica de Formosa o de Jujuy» dijo. 

El problema, agregó, se vuelve más evidente cuando los prestadores deben afrontar los incrementos salariales antes de contar con ingresos actualizados. «No solamente tenemos que firmar la paritaria como dirigentes, sino que después tenemos que pagarla, y tenemos que hacerlo mucho antes de empezar a percibir ingresos. Además, debemos negociar aranceles hacia adelante que vamos a cobrar a los 30, 60, 90 o 120 días».

Por eso, concluyó: «Claramente, es un problema estructural, propio del país complejo donde vivimos».

La agenda de reformas

Frente a este escenario, Magonza planteó una agenda de reformas estructurales orientada a mejorar la utilización de los recursos y ordenar la incorporación de prestaciones y tecnologías.

Entre las propuestas mencionó la creación por ley de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET) que permita analizar la calidad, efectividad y pertinencia de las prestaciones; la creación de un Fondo Nacional de Recursos acompañado por mecanismos de compras unificadas para medicamentos de alto costo; y una redefinición del Programa Médico Obligatorio, para que funcione como una herramienta vinculada con guías de práctica clínica y protocolos de buenas prácticas.

El diagnóstico también incorporó una comparación con la experiencia de la pandemia. Magonza recordó que, en ese período, el sistema público, privado y de la seguridad social logró articularse de manera espontánea y evitar situaciones de colapso como las observadas en otros países.

Al mismo tiempo, señaló que aquella crisis expuso el impacto de los costos de los insumos específicos. Como ejemplo, mencionó que los anestésicos registraron aumentos del 1200% frente a una inflación general del 36%.

En una mirada de largo plazo, sostuvo además que, al analizar la evolución de los últimos 174 meses, la medicina prepaga perdió en términos porcentuales el equivalente a 24 meses de financiamiento, mientras que la seguridad social perdió un año completo.

Diálogo entre prestadores y financiadores

La necesidad de recuperar espacios de diálogo atravesó también las intervenciones de Santander y de los dirigentes de Salud Federal, Rodrigo Sánchez Almeyra y Andrés Sabalette. 

Santander sostuvo que el vínculo entre financiadores y prestadores debe pensarse desde la interdependencia y no desde la confrontación.

«Si encontramos ese espacio de diálogo, vamos a poder crecer juntos. Y no es un espacio de confrontación. Tampoco lo es en el ámbito general, porque somos socios estratégicos», afirmó.

En ese sentido, planteó que ambas partes dependen mutuamente: «Los financiadores dependemos del pago de los prestadores y los prestadores dependemos del pago de los financiadores. Al mismo tiempo, los financiadores dependen de nosotros en cuanto a los servicios que brindamos a sus clientes o usuarios».

Desde la perspectiva de las instituciones del interior, Sabalette puso el acento en la cercanía como una herramienta para alcanzar acuerdos. «Lo que sí creo que hay en el interior, en general, es una posibilidad de mayor cercanía que facilita el diálogo y permite acercamientos. Eso, de alguna manera, facilita las cosas».

Como ejemplo, mencionó el trabajo conjunto de más de 30 instituciones clínicas y sanatorios de La Pampa, Río Negro y Chubut frente a la situación con PAMI.

«Ante un problema común y crítico como es la distorsión a la que nos ha llevado PAMI, cuya incidencia en el interior es muy alta -en el caso de las provincias de la Patagonia es de alrededor del 40%-, esa cercanía, sin demasiados protocolos, nos llevó a consensuar estrategias conjuntamente», explicó.

Ese trabajo permitió, según señaló, tanto buscar consensos con el organismo como tomar medidas conjuntas cuando fue necesario.

Para Sabalette, la experiencia también puede servir como referencia frente a la fragmentación general del sistema. «Hoy se habló de la excesiva segmentación del sistema, que se extiende al sector prestador, al financiador, a las normativas y a los marcos jurídicos. En ese contexto, me parece que es un desafío para los prestadores poder integrarnos, encontrar consensos y tender puentes». Y agregó: «Creo que esta jornada es una señal positiva en ese rumbo».

La integración, sostuvo, permitiría potenciar los esfuerzos de instituciones y regiones con características diferentes, sin perder la identidad de cada una.

Calidad y eficiencia como prioridad

La discusión sobre la sustentabilidad también derivó en la necesidad de mejorar la eficiencia y trabajar sobre la calidad de los procesos asistenciales.

Juan Grass fue contundente: «No trabajar en calidad no es una opción».

El representante de CONFECLISA relató la experiencia de una institución polivalente que atravesaba un problema económico importante y encontró en el trabajo sobre calidad una oportunidad de reingeniería.

«Hoy el sector está en una situación compleja y tenemos la necesidad de ser extremadamente eficientes. Si uno no tiene diagramados y estandarizados sus procesos, es muy difícil reconocer los defectos o los errores», explicó.

La falta de identificación de esos errores, advirtió, impide corregirlos y termina generando costos que se acumulan en el tiempo. «Si uno no puede ver los errores, tampoco puede darse cuenta de ellos ni solucionarlos, y los arrastra crónicamente. Algo de esto se relaciona con lo que explicaba Fabián sobre el costo de la no calidad».

Para Grass, la inversión en calidad debe ser entendida como una herramienta de gestión. «Trabajar en calidad es mucho más que un esfuerzo o un gasto. Ayuda a la gestión de las instituciones de salud y es extremadamente necesario».

En qué invertir si hubiera más recursos

La reflexión final de la mesa fue propuesta por Ithurburu, quien abrió una ronda de consulta entre los integrantes sobre las prioridades de inversión en caso de contar con un fondo especial de financiamiento.

Ithurburu había planteado desde el comienzo de la mesa la importancia de generar intercambio entre los distintos actores. «Generar espacios de diálogo y tejer puentes entre los distintos actores es fundamental», señaló.

En ese sentido, destacó especialmente la decisión de cerrar la jornada con una mesa integrada por representantes de diferentes cámaras. «Esta metodología es un gran mensaje y un profundo agradecimiento de nuestra parte por la generosidad que implica estar todos juntos para poder cerrar la mesa de este evento anual de CAPRESS».

Las respuestas confluyeron en tres grandes prioridades: calidad y seguridad de la atención, recursos humanos y tecnología orientada a mejorar la eficiencia.

La primera prioridad fue concentrar los recursos en fortalecer la calidad y la seguridad de la atención médica. También se remarcó la necesidad de invertir en el personal de salud, considerado el sostén fundamental que permitió mantener la capacidad de respuesta del sistema incluso durante los momentos más críticos.

La tercera línea estuvo vinculada con la incorporación de tecnología para reducir procesos improductivos. La premisa planteada fue que la eliminación de costos ineficientes permitiría recuperar un margen financiero significativo.

De este modo, el cierre de la jornada dejó una coincidencia entre diagnósticos que confluyeron en una misma preocupación: la necesidad de recuperar sustentabilidad sin perder las capacidades construidas por el sistema de salud argentino.

La discusión sobre financiamiento, PMO, tecnologías, costos, recursos humanos y calidad quedó así vinculada con otra cuestión transversal: la necesidad de generar acuerdos entre actores que forman parte de una misma cadena.

En palabras de Santander: «Somos socios estratégicos». Y, para Ithurburu, el desafío es precisamente «generar los espacios para que esa condición pueda traducirse en diálogo, consensos y acciones compartidas».

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La iniciativa fue elaborada por el diputado nacional Manuel Quintar y propone una reestructuración profunda del marco fiscal, financiero y contractual del sector prestador. El diputado Pablo Yedlin anticipó su acompañamiento, aunque planteó que la discusión debe exceder la moratoria y el IVA y avanzar sobre problemas estructurales del sistema. La propuesta fue uno de los ejes centrales de la jornada de CAPRESS.

La reforma tributaria ocupó un lugar central en la jornada organizada por CAPRESS y tuvo uno de sus principales capítulos en la mesa «Reformas Tributarias en Salud», donde los diputados nacionales Manuel Quintar y Pablo Yedlin, moderados por Silvina Iturralde, directora de SI Comunicación y del medio especializado Comunicar Salud, expusieron sobre la situación de los prestadores privados, las herramientas fiscales en discusión y las posibilidades de avanzar con cambios legislativos antes del vencimiento de las medidas de emergencia el 31 de diciembre de 2026.

El proyecto de ley «Reforma para la sostenibilidad y fortalecimiento prestacional del sistema de salud», elaborado por Quintar, propone intervenir sobre los pasivos acumulados, el tratamiento tributario y la relación contractual entre financiadores y prestadores. Durante la mesa, Yedlin expresó su acompañamiento a la iniciativa, aunque planteó que la discusión debe incorporar otros problemas estructurales del sistema.

Ejes y apoyo explícito

Quintar presentó los principales lineamientos de la iniciativa, que plantea una reestructuración del marco fiscal, financiero y contractual del sector prestador a través de cuatro ejes centrales. El primero es la declaración de los prestadores de salud como servicios esenciales y activos estratégicos, junto con el reconocimiento de su actividad como de interés público. A partir de esa definición, el proyecto propone abordar los pasivos acumulados, modificar el tratamiento tributario -con especial foco en la disponibilidad del crédito fiscal de IVA- y establecer un régimen de pago oportuno que reduzca la incertidumbre financiera en la relación entre financiadores y prestadores.

El diputado Yedlin expresó su respaldo y dijo: «Nosotros vamos a acompañar el proyecto porque nos parece que es necesario». Al mismo tiempo, marcó que las medidas tributarias son necesarias, pero no suficientes para resolver los problemas de fondo del sistema sanitario.

Reconocer el lugar del sector privado

Quintar, que señaló su procedencia del sector privado y su primera experiencia en la función pública, cuestionó la habitual separación entre salud pública y privada como si se tratara de sistemas contrapuestos y remarcó que los prestadores privados concentran aproximadamente entre el 54 y el 56% de las camas de internación del país y representan, además, una fuente relevante de empleo.

«Es muy importante que digamos de frente a la sociedad que hay que cuidar a las instituciones privadas», sostuvo, y subrayó que la propuesta no parte de una concepción de competencia entre sectores. «La salud pública y el sistema sanitario argentino son fuertes, pero hay que darle más robustez y el sector privado es parte de ese sector», afirmó.

Desde esa perspectiva, consideró necesario generar condiciones que permitan sostener la actividad y preservar la capacidad instalada. «Es un sector que está postergado de la política, está postergado de todo», resumió.

Por su parte, Yedlin también reivindicó el lugar de los prestadores privados dentro del sistema y recordó que «la pandemia ha mostrado claramente que el sistema de salud tiene fortalezas, y esas fortalezas son cuando se integran». En esa línea, fue explícito sobre la necesidad de reconocer el aporte del sector privado: «Está clara su importancia y nadie cree en un sistema solo público argentino» dijo Yedlin y advirtió que es necesario «hacer entender cuáles son los problemas que tiene el sector privado».

Pasivos, moratoria y salida de la emergencia

Uno de los componentes centrales del proyecto es el saneamiento de los pasivos acumulados por los prestadores. Quintar planteó que el sector arrastra una situación financiera que durante años fue abordada mediante medidas extraordinarias y mecanismos transitorios. «Argentina vive del plan B, vive de parche en parche», resumió el diputado y sostuvo que el proyecto «está enmarcado en la salida de la emergencia».

La propuesta contempla una moratoria amplia para regularizar las deudas acumuladas, con un esquema que podría alcanzar los 180 pagos, aunque sus características definitivas todavía se encuentran en negociación. Quintar planteó que el objetivo es permitir que los deudores puedan afrontar sus obligaciones y, al mismo tiempo, recuperar capacidad efectiva de recaudación.

«Hoy estamos cobrando mucho de nada. En realidad no estamos cobrando nada», sostuvo. Según su planteo, resulta más conveniente establecer mecanismos que permitan regularizar las deudas y asegurar el cumplimiento futuro que mantener un esquema en el que se pretende cobrar la totalidad de las obligaciones pero se termina recaudando poco.

El legislador también consideró necesario contemplar algún beneficio para quienes sí cumplieron con sus obligaciones fiscales. «La moratoria tiene que incluir algún beneficio para los contribuyentes cumplidores», señaló.

Yedlin advirtió, en este punto, sobre la proximidad de los vencimientos y el impacto que podría tener la falta de continuidad de las herramientas de emergencia. «El sistema de salud argentino no se sostiene si no es con los privados. Entonces, hay que estar atentos; si llegaran a empezar a quebrar sería un desastre», afirmó.

Para Quintar, el objetivo es que la transición hacia un esquema permanente no termine provocando el cierre de instituciones. «Queremos salir de la emergencia de una vez por todas con soluciones para que pueda ocurrir sin que nadie quiebre», afirmó.

El IVA y la relación con los financiadores

La modificación del régimen de IVA constituye otro de los ejes de la iniciativa. Quintar explicó que el sector viene reclamando desde hace años un mecanismo que permita utilizar de manera más flexible el crédito fiscal. El objetivo es corregir asimetrías y reducir el impacto que la estructura tributaria tiene sobre los costos prestacionales. El diputado señaló que existen distintas alternativas en análisis y que la discusión continúa con el Gobierno.

La reforma tributaria se vincula, además, con una cuestión que los prestadores consideran determinante para su sostenibilidad: la previsibilidad de los pagos. Quintar cuestionó las demoras en auditorías, los débitos preventivos y los retrasos en la conformación de las facturas que, según describió, pueden convertir al prestador en financiador involuntario del sistema.

La propuesta incorpora por eso un régimen de pago oportuno, con un plazo de referencia de entre 30 y 45 días. La idea es que, una vez conformada la factura o transcurrido el período previsto sin observaciones por parte del financiador, pueda adquirir carácter de instrumento de crédito para el prestador.

En este sentido, el diputado planteó que el objetivo es establecer reglas claras para evitar abusos y mejorar la competitividad del sector, sin desconocer la necesidad de controles y auditorías.

Ampliar la discusión

Para Yedlin, el respaldo al proyecto no implica limitar la discusión a la cuestión tributaria. El diputado ubicó la situación financiera de los prestadores dentro de un sistema caracterizado por la fragmentación, las dificultades de rectoría y las desigualdades en el acceso.

También señaló el crecimiento del gasto en medicamentos y nuevas tecnologías como uno de los factores que presionan sobre los recursos disponibles y planteó la necesidad de incorporar mecanismos de evaluación de tecnologías sanitarias, fortalecer la regulación y avanzar hacia una mayor articulación entre los distintos subsectores.

Entre sus propuestas mencionó también una definición más clara de un PMO de alcance universal y mecanismos institucionales que permitan mejorar la coordinación entre financiadores, prestadores, organismos reguladores, universidades y otros actores del sistema.

¿Por qué ahora?

La oportunidad política de la reforma fue otro de los puntos abordados durante la mesa. Quintar evitó afirmar que este sea necesariamente «el momento histórico oportuno», pero vinculó la discusión con el proceso de normalización económica y política impulsado por el Gobierno. «Creo que es donde las políticas del Presidente tratan de normalizar el país y normalizar un país incluye salir de una emergencia de veinte y pico de años», sostuvo.

En ese marco, ubicó el proyecto como parte de un proceso que requiere abandonar las soluciones transitorias. «Hay un gran trabajo del Ministerio de Salud, hay un gran trabajo de muchos de los actores que hoy veo aquí sentados que están transmitiendo las falencias», afirmó.

Quintar también puso el foco en la necesidad de traducir la problemática sanitaria hacia ámbitos donde, según planteó, no siempre existe conocimiento específico del sector. «Hay que comunicar bien, comunicar correctamente y que esa sea la forma de penetrar en el entendimiento de personas extremadamente capaces y técnicas, pero que quizás no conocen el sector salud y, sobre todo, la gravedad del problema», sostuvo.

Para el diputado, el diálogo permitió acercar posiciones. «Hoy hay un gran entendimiento y estamos muy cerca de algunos avances importantes», afirmó.

Yedlin coincidió en la necesidad de abrir esa discusión, aunque advirtió que el tratamiento legislativo será determinante. «Es fundamental que el proyecto se presente y ver qué giros de comisión va a tener el proyecto, ver la pieza final», señaló y planteó que existe una definición que excede al Congreso. «En definitiva, el Poder Ejecutivo va a tener que definir de alguna manera, porque la moratoria está en sus manos y el cambio de régimen de IVA también. Ahí tiene que estar expresada la voluntad política», afirmó.

El Congreso y los tiempos legislativos

La viabilidad del proyecto aparece atravesada por los tiempos del Congreso. Yedlin recordó que iniciativas vinculadas con estos problemas ya habían pasado por la Comisión de Salud sin lograr avanzar hacia la Comisión de Presupuesto y consideró que será determinante conocer el giro de comisiones que tendrá la iniciativa y construir acuerdos entre distintas fuerzas políticas. Además, estarán condicionados por la discusión presupuestaria. «Los tiempos son muy tiranos porque sobre todo de presupuesto, nos va a llevar a una discusión muy importante», señaló Yedlin.

El diputado planteó incluso la posibilidad de que algunos de los temas puedan incorporarse al debate presupuestario. «Quizá la moratoria pudiera entrar en alguno de los artículos del presupuesto, lo mismo que lo del IVA, lo mismo que la exención de Ganancias a médicos por horas extras», afirmó.

Para Yedlin, más allá de la forma legislativa que finalmente adopte cada medida, existe una coincidencia que permite abrir una discusión transversal. «Lo importante es que nos estamos poniendo de acuerdo en ciertas fuerzas políticas en que hay que hacer algo en este tema», sostuvo.

Quintar, por su parte, evitó anticipar una fecha concreta para la presentación del proyecto, aunque manifestó su intención de avanzar. «Si fuese por mí, los hubiese presentado ya», afirmó. Al mismo tiempo, advirtió sobre los tiempos que requiere una reforma de esta magnitud: «Una solución así no se logra de un día para otro». El legislador consideró que están dadas las condiciones para iniciar formalmente el debate y para avanzar. 

Yedlin también remarcó que el proyecto deberá atravesar distintas instancias antes de transformarse en ley y consideró que «es un proyecto completo, que va a tener que ir a varias comisiones y que va a requerir reuniones con expertos».

El punto de partida, para Quintar, es la construcción de acuerdos. «Lograr un consenso en este tema sería espectacular», señaló.

En esa misma dirección, el diputado vinculó la reforma con un objetivo económico más amplio: «Queremos que la gente y la Argentina ganen dinero honradamente, que le vaya bien, que el sector invierta y genere mano de obra». Y agregó: «No vamos a tomar una medida que vaya en contra de esa política. Es a lo que venimos a trabajar por la Argentina productiva».

La mesa dejó expuesta una coincidencia política: la situación de los prestadores privados requiere medidas urgentes y el esquema de emergencia no puede prolongarse indefinidamente. El proyecto del oficialismo cuenta con el apoyo de la oposición para avanzar en una propuesta que sea capaz de lograr reformas capaces de sostener al sistema más allá de la emergencia.

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Durante la mesa «Sistemas de recupero en hospitales públicos», el Dr. Maximiliano Derecho, el Dr. Ricardo Babich y el Dr. Juan Cifre (OSFE) analizaron cómo la transformación del cobro hospitalario estatal afecta la sustentabilidad de la seguridad social. En el debate, los especialistas expusieron las distorsiones de valor, las asimetrías regulatorias y las trabas operativas que imponen los modelos subnacionales de recaudación a las entidades financiadoras. 

La discusión sobre el financiamiento de los hospitales públicos incorporó otro foco de tensión para los financiadores de la seguridad social: los sistemas estatales de recupero de costos. Durante la Jornada Anual de la Cámara de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), representantes de obras sociales y entidades financiadoras plantearon que estos mecanismos, concebidos originalmente para recuperar los gastos derivados de la atención de afiliados en establecimientos públicos, adquirieron una dimensión recaudatoria que genera nuevas presiones sobre las cuentas del sector.

El planteo fue desarrollado por Ricardo Babich de UP, Enrique Botti de FACOEP y Juan Cifre de la Obra Social Ferroviaria (OSFE), durante la mesa moderada Maximiliano Derecho, «Sistemas de recuperos en Hospitales Públicos». Allí señalaron que la proliferación de esquemas subnacionales, tras cambios en la regulación nacional, modificó la relación entre hospitales públicos y financiadores y generó, según advirtieron, una creciente asimetría en materia de aranceles, auditoría y mecanismos de cobro.

En el caso de FACOEP, el sistema de facturación de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, Botti señaló que el modelo comenzó a replicarse en otras jurisdicciones, entre ellas Mendoza, La Pampa y Córdoba y manifestó que la principal preocupación está vinculada con los valores utilizados para facturar prestaciones, medicamentos e insumos.

Por otro lado, desde OSFE sostuvieron que  los nomencladores aplicados en estos sistemas pueden establecer valores entre tres y cuatro veces superiores a los vigentes en el sector privado. A diferencia de las negociaciones que realizan los financiadores con prestadores privados, en el ámbito público determinados medicamentos y descartables son facturados a valores de lista.

Los disertantes mencionaron además  el modo en que se desagregan algunas prácticas. Como ejemplo, mencionaron el caso de un panel viral respiratorio: mientras una institución privada puede facturar la práctica completa por $144.190, indicaron que FACOEP llega a facturar $158.304 por cada una de las determinaciones que integran ese panel. Para los financiadores, este tipo de esquemas genera una distorsión de los valores y dificulta la previsibilidad del gasto prestacional.

A esto se sumaron situaciones vinculadas con la atención de emergencias. Según plantearon, cuando el SAME traslada obligatoriamente a un paciente a un hospital público, pueden generarse cargos tanto por el traslado como por la atención inicial, incluso cuando posteriormente el paciente es derivado a otro prestador. El cuestionamiento apunta, en este caso, al circuito de facturación y a la posibilidad de que una misma atención termine generando distintos componentes de cobro.

Una auditoría con reglas diferentes

Otro de los puntos discutidos fue el proceso de auditoría. Los expositores cuestionaron particularmente la Resolución 1122/2026, a partir de la cual, según explicaron, la factura emitida por el hospital público adquiere fuerza de título ejecutivo. Esto habilita mecanismos de cobro judicial ante demoras en el pago y, de acuerdo con los representantes de OSFE, coloca a las obras sociales en una posición de mayor vulnerabilidad frente a eventuales diferencias sobre las prestaciones facturadas.

También señalaron dificultades para realizar auditorías dentro de los plazos establecidos. Entre los problemas mencionaron que las notificaciones de internación pueden recibirse hasta 96 horas después del ingreso, cuando el paciente ya fue dado de alta, y que los financiadores disponen de alrededor de 30 días para revisar expedientes que, en algunos casos, presentan documentación incompleta.

La falta de epicrisis, protocolos quirúrgicos o firmas médicas fueron algunos de los ejemplos señalados. Para los financiadores, estas condiciones reducen la posibilidad de verificar oportunamente si la prestación facturada se corresponde con la atención efectivamente realizada.

Durante la exposición también se plantearon observaciones sobre las internaciones. Los representantes de OSFE mencionaron casos en los que se habrían facturado días previos a cirugías programadas o jornadas en las que no se realizaron procedimientos, situaciones que, según advirtieron, pueden extender el período de internación y elevar el costo final de la atención.

El recupero y la discusión sobre la calidad

El planteo excedió, de este modo, la discusión sobre el precio de una prestación y se vinculó con la forma en que se organiza la atención y se relacionan los financiadores con los hospitales públicos.

Los expositores cuestionaron que la necesidad de incrementar el recupero pueda traducirse en una mayor utilización de estudios y prácticas complementarias y reclamaron mecanismos que permitan discutir criterios de consumo y pertinencia prestacional. En ese sentido, señalaron la necesidad de recuperar espacios de diálogo entre financiadores y efectores públicos para establecer reglas compartidas.

La magnitud económica del problema también fue puesta sobre la mesa. Según lo expuesto durante la jornada, la facturación vinculada con este tipo de recuperos supera los $750 millones, una cifra que, para los financiadores, adquiere relevancia en un sistema en el que las obras sociales enfrentan simultáneamente aumentos de costos, dificultades de financiamiento y mayores exigencias de cobertura.

La propuesta planteada fue avanzar desde los mecanismos de emergencia y las controversias individuales hacia un esquema de concertación entre el Estado y los financiadores, que permita revisar nomencladores, criterios de auditoría, documentación respaldatoria y mecanismos de cobro.

La discusión expuesta en la jornada vuelve a poner en primer plano una tensión estructural: cómo recuperar los recursos que el sistema público destina a atender a afiliados de la seguridad social sin convertir ese recupero en una fuente adicional de presión financiera para las obras sociales. Para los participantes, resolver esa ecuación requiere reglas previsibles, valores razonables y mecanismos de auditoría que permitan controlar el gasto sin obstaculizar el acceso a la atención.

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La evolución de los costos prestacionales, el financiamiento de los convenios y el impacto económico de los eventos evitables también fueron abordados en la Jornada Anual CAPRESS. El modelo de PAMI, la necesidad de revisar las unidades de prestación y el peso del desperdicio y la no calidad pusieron en primer plano cómo sostener la atención cuando los márgenes son cada vez más estrechos.

La evolución imparable de los costos sumado a la necesidad de recuperar valor y a los desafíos financieros son aspectos determinantes para la gestión de las clínicas y los sanatorios. Estos ejes fueron desarrollados en la mesa “Costos prestacionales y financiamiento / Costos de NO calidad”, integrada por el Lic. Diego Parra, de la Universidad ISALUD, quien analizó los costos y el financiamiento del convenio con PAMI, y al Dr. Fabián Vítolo, también de la Universidad ISALUD y Noble Seguros, que abordó el impacto económico de la no calidad. El debate fue moderado por Gerardo Figueroa, vicepresidente de CAPRESS.

El convenio de PAMI bajo la lupa de los costos reales

Diego Parra propuso analizar el convenio de PAMI desde una perspectiva que parta de las unidades concretas de prestación y no únicamente de la discusión sobre el porcentaje de aumento de la cápita. “Voy a hacer un análisis a la inversa -propuso para ir de lo micro a lo macro- para tratar de analizar las principales unidades de gestión del convenio”, explicó, con el propósito de identificar cuánto cuesta efectivamente cada prestación y cuánto reconoce el convenio por ella. Para eso, presentó un modelo de simulación basado en un sistema de costos absorbentes y distribución en cascada, que asigna al convenio tanto los costos directos como los indirectos asociados a la atención de los pacientes de PAMI.

El objetivo, señaló, es poder determinar con mayor precisión dónde se genera el déficit. “Deberíamos focalizarnos en las unidades y no en aumentar la cápita un 1%, sino ver cómo estamos con respecto a cada unidad que se une en el convenio del PAMI”, planteó.

Entre las unidades tomadas como referencia se incluyeron una cama de internación ocupada, una cama de terapia intensiva, una unidad de gasto quirúrgico, una unidad de gasto radiológico y un hemograma como unidad de referencia del laboratorio.

El ejercicio presentado sobre los valores de agosto mostró diferencias significativas entre los costos estimados y los valores reconocidos por PAMI. Según los datos expuestos, una cama de internación clínica tenía un costo promedio de $2.500, mientras que el código 230201 de PAMI reconocía $5.273. En terapia intensiva, en cambio, el costo estimado de una cama ocupada era de $5.500 frente a un pago de $2.900.

También se observaron diferencias en otras prestaciones. Para una placa de tórax, Parra presentó un costo de $1.200 frente a un reconocimiento de $5.000, mientras que en el laboratorio la referencia utilizada mostraba un costo de $3.200 frente a un pago de $2.000.

Más allá de las diferencias entre unidades, el planteo buscó mostrar que la discusión sobre la sustentabilidad del convenio requiere conocer cómo se comporta cada componente de la prestación. “Lo que justifica y lo que nos va a hacer ser sustentables al momento de atender el paciente” es, en esta mirada, poder fundamentar la discusión contractual a partir de los costos reales.

Parra también advirtió sobre el impacto de los medicamentos e insumos dentro de los convenios capitados, en un escenario de fuertes incrementos de sus precios. En su análisis, estos componentes terminan tensionando aún más la ecuación económica de las instituciones.

Integración público-privada

Figueroa por su parte, planteó otro de los desafíos estructurales del sistema: la posibilidad de articular los distintos sectores de la salud. “Constantemente nosotros intentamos interactuar en estos tres mundos para eficientizar”, señaló, en referencia a la salud pública, los hospitales y el sector privado. La pregunta apuntó a si la integración público-privada podría constituirse en una herramienta para mejorar la eficiencia y aprovechar recursos existentes. En este sentido, Parra consideró que existe potencial, aunque reconoció las dificultades que encontraron hasta ahora los intentos de articulación. “La interacción público privada debería ser una herramienta para nosotros”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “la regionalización y la integración deberían avanzar desde la gestión técnica, no de la gestión política”, aunque la realidad, sin embargo, muestra obstáculos. Según relató, algunos proyectos de utilización compartida de servicios entre instituciones públicas y privadas no pudieron avanzar por la falta de condiciones para sostenerlos. “No hemos tenido buenas experiencias”, resumió.

Cuánto cuesta la no calidad

Finalmente la discusión se trasladó hacia los recursos que el sistema pierde como consecuencia de errores, demoras, complicaciones evitables y procesos ineficientes.

Fabián Vítolo puso el foco en una de las principales fuentes de costos hospitalarios: las internaciones que se prolongan, que impacta tanto en una cama ocupada que no puede utilizarse para otro paciente como en un costo económico que recae directamente sobre la institución.

A partir de allí, planteó la necesidad de precisar qué se entiende por calidad. Entre las dimensiones que deben considerarse mencionó la seguridad, la efectividad, la oportunidad, la eficiencia, la transparencia, el liderazgo y la participación de los pacientes.

Uno de los datos centrales de su exposición fue la denominada regla 60-30-10: alrededor del 60% de la atención puede considerarse buena atención, mientras que un 30% corresponde a desperdicio o atención de poco valor y otro 10% a situaciones de daño con una consecuencia económica directa. “Cuatro de cada 10 pesos los tiramos a la basura”, sostuvo Vítolo, al sumar los recursos destinados a prácticas de bajo valor y aquellos derivados del daño asociado a la atención.

El especialista cuestionó, además, la idea de que eficiencia y calidad sean objetivos contrapuestos. “La eficiencia no es una enemiga de la calidad, es un componente central de la vida”, afirmó. Desde su perspectiva, trabajar con calidad también implica reducir desperdicios, evitar complicaciones y utilizar mejor los recursos disponibles.

El desperdicio también se paga

Entre los ejemplos de desperdicio mencionó internaciones prolongadas por razones sociales, estudios que demoran una externación, infecciones, caídas, lesiones por presión, errores de medicación y reingresos evitables. También incluyó problemas de gobernanza, fragmentación del sistema, duplicación de procesos y falta de historias clínicas interoperables.

Para las instituciones, el problema adquiere una dimensión adicional porque las posibilidades de compensar esos costos mediante las variables tradicionales son cada vez más limitadas. Vítolo señaló que el 74% de los costos corresponde al componente laboral y que, con niveles de ocupación cercanos al 90%, tampoco existe demasiado margen para incrementar el volumen de pacientes como mecanismo para mejorar los resultados económicos.

En ese escenario, los eventos adversos adquieren un peso particular. Según los datos citados, alrededor del 15% del gasto hospitalario mundial estaría destinado a tratar complicaciones que podrían evitarse mediante intervenciones de menor costo.

Las diferencias entre prevenir y tratar las consecuencias pueden ser amplias. Vítolo presentó una revisión realizada en ocho hospitales sobre prevención de caídas: el costo de las intervenciones preventivas -incluyendo capacitación y acciones de enfermería- se estimó entre 50 y 80 dólares cada 1.000 días-paciente, mientras que el tratamiento de los eventos adversos, principalmente fracturas de cadera y hematomas intracraneanos, alcanzaba casi los 15.000 dólares. “Estamos hablando de 80 veces más caro tratar la complicación que la prevención”, afirmó.

De pagar por la prestación a pagar por el valor

Para Vítolo, la discusión sobre la calidad también está vinculada con la forma en que se financia la atención. Cuando los modelos de pago comienzan a incorporar resultados, experiencia del paciente, módulos o paquetes, la calidad deja de ser una dimensión secundaria y adquiere una incidencia directa sobre la sostenibilidad.

En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar en mecanismos que incentiven la prevención de errores de medicación, caídas, infecciones y otras complicaciones evitables. También destacó el papel de la enfermería y de los sistemas interoperables, junto con la necesidad de revisar los incentivos que generan los modelos de pago.

La mesa dejó así planteadas dos caras de una misma discusión. Por un lado, conocer con precisión los costos de cada unidad de prestación para discutir financiamiento y condiciones contractuales sobre bases concretas. Por otro, reducir el desperdicio y los eventos evitables que consumen recursos sin generar más salud.  Ambas dimensiones convergen en la misma necesidad de gestionar costos sin deteriorar la atención y entender que mejorar la calidad también puede ser una estrategia de sostenibilidad.

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Durante la mesa «El poder del diagnóstico integrado», moderada por la Dra. Marisa Aizenberg, el Ing. Ignacio Fraguío y la bioquímica Noelia Dezorzi (Roche), junto a la Dra. Mariana Rodríguez Zubieta (Hospital Universitario Austral), analizaron cómo la digitalización, la automatización y la trazabilidad de los procesos transforman el diagnóstico oncológico, impactan en la sostenibilidad del sistema y optimizan los tiempos de respuesta al paciente.

En el ecosistema de la medicina contemporánea, la certeza diagnóstica ha trascendido su antigua etiqueta de trámite burocrático para erigirse como el motor estratégico de la medicina de precisión. No se trata simplemente de identificar una patología; se trata de dictar el rumbo de una vida. En esta nueva era, el tejido biológico ha experimentado una revalorización radical: ya no es solo una muestra morfológica bajo el microscopio, sino una fuente inagotable de datos integrados.

Esta transformación es crítica ante el aumento sistémico de la incidencia oncológica. En este contexto, el Ingeniero Ignacio Fraguío explicó cómo desde Laboratorio Roche impulsa un cambio de paradigma sustentado en tres pilares: derribar las barreras operativas mediante la automatización, promover el avance científico con un portafolio robusto en biomarcadores y construir un futuro digital que optimice cada eslabón de la cadena. Hoy, un diagnóstico de cáncer de pulmón de células no pequeñas, por citar un ejemplo de alta complejidad, depende de la capacidad de extraer marcadores específicos que orienten al oncólogo hacia un tratamiento personalizado. Esta transición de la observación pura a la gestión de datos redefine el valor del tejido como el activo más preciado de la seguridad clínica.

Los Tres Interlocutores: Un Ecosistema Interconectado

La medicina de precisión no es un logro individual, sino el resultado de una coreografía perfecta entre tres actores fundamentales cuya alineación estratégica garantiza la oportunidad del tratamiento.

• El laboratorio: el corazón operativo. Requiere de una trazabilidad absoluta y eficiencia en los procesos para asegurar que la custodia de la muestra sea inviolable.
• El médico (Oncólogo/Patólogo): el patólogo ha dejado de ser un observador solitario para convertirse en un consultor clínico esencial. Necesita biomarcadores de alta especificidad para proveer al oncólogo la llave que abre la puerta a terapias dirigidas.
• El paciente: el eje gravitacional. Cada minuto de optimización en el laboratorio se traduce directamente en calidad de vida y en la reducción de la angustia que precede al diagnóstico.

La falta de sincronía en este trípode genera un “cuello de botella” con consecuencias devastadoras: retrasos en el inicio del tratamiento o, peor aún, la pérdida de oportunidades terapéuticas. Esta presión, exacerbada por la escasez global de especialistas y la creciente carga de trabajo, obliga a estos actores a converger en soluciones tecnológicas que blinden el proceso contra el error humano.

El desafío operativo del patólogo moderno

La anatomía patológica – enfatizó la bioquímica Noelia Dezorzi- tradicional se enfrenta a una crisis de sostenibilidad sin precedentes. El profesional actual vive una paradoja inquietante: tiene a su disposición una riqueza de datos asombrosa, pero menos tiempo y colegas para procesarlos. El incremento en la complejidad es cuantificable. Si observamos la evolución del trabajo, la “línea roja y azul” de volumen asistencial sube, pero es la “línea punteada” —que representa la cantidad de líneas en un informe diagnóstico— la que escala de forma vertiginosa.

Lo que antes se resolvía con un diagnóstico breve, hoy exige informes extensos que detallan biomarcadores y perfiles moleculares. Esto conlleva un aumento en la cantidad de “tacos” de parafina por muestra. Esta sobrecarga no solo genera fatiga; representa un riesgo sistémico de error diagnóstico. La subespecialización y la gestión digital de datos han dejado de ser lujos institucionales para transformarse en imperativos de seguridad.

El Caso de Éxito: Hospital Universitario Austral y Roche

Un hito en la transformación digital de la región es la alianza entre el Hospital Universitario Austral y Roche. Como institución de vanguardia acreditada por la Joint Commission International, el hospital identificó que la excelencia académica requería una infraestructura digital a la altura de sus ambiciones clínicas.

La arquitectura digital implementada se apoya en dos pilares: Navify, para la trazabilidad y gestión del flujo de trabajo, y OPTI, un sistema informático de laboratorio (LIS) que integra el diagnóstico directamente en la historia clínica electrónica. La metamorfosis del servicio se evidencia al contrastar los procesos:

• Antes: registros manuales en libros de actas con tachaduras, etiquetas de cassettes escritas a lápiz que se borraban durante el procesamiento, cuadernos para solicitar estudios complementarios y errores recurrentes de facturación por falta de integración.
• Ahora: identificación precisa mediante la historia clínica, etiquetas indelebles con códigos QR, gestión digital de prioridades y una integración total que eliminó las fugas en la facturación y los errores en los pedidos de estudios.

Esta eliminación del error humano no es solo una optimización logística; es un pilar de la seguridad del paciente que garantiza que el tejido procesado corresponda siempre a la identidad del paciente diagnosticado.

La frontera preanalítica: donde la calidad se define

En la patología digital, impera la máxima científica “Garbage In, Garbage Out” (si entra basura, sale basura). Ningún algoritmo de Inteligencia Artificial puede rescatar una muestra cuya calidad fue comprometida en el origen. La fase preanalítica es el campo de batalla donde se gana o se pierde la validez de un estudio molecular.

Estudios citados por el equipo del Austral confirman que una exposición prolongada al formol degrada irreversiblemente el ADN y altera la detección de proteínas por inmunohistoquímica, invalidando decisiones terapéuticas en cáncer de colon o mama. Para blindar esta etapa, el hospital realizó mejoras sustanciales:

• Ergonomía y seguridad: nuevas campanas de macroscopía que optimizan la aspiración de vapores.
• Entorno laboral: sistemas de ventilación que eliminaron por completo el olor a formol, un cambio tan drástico que es el primer comentario de los patólogos visitantes al ingresar al servicio.
• Automatización: el paso de la coloración manual a la automática estandariza la lámina, reduciendo drásticamente la necesidad de repetir estudios y, por ende, disminuyendo los costos operativos.

Inteligencia artificial y patología digital: el futuro próximo

La Inteligencia Artificial (IA) no llega para reemplazar al patólogo, sino como una herramienta de eficiencia largamente anhelada. La posibilidad de digitalizar el “vidrio” permite la colaboración remota y el acceso a subespecialistas escasos, eliminando fronteras geográficas.

Sin embargo, el Hospital Austral advierte sobre un peligro latente: la IA puede amplificar el impacto negativo de una mala etapa preanalítica. Al igual que el caso de Google con la retinopatía, donde la baja calidad de las imágenes llevó al fracaso del algoritmo en condiciones clínicas reales, una lámina digital con defectos técnicos inducirá a error a la IA. No obstante, el potencial es revolucionario: la IA es capaz de detectar patrones y nuevos biomarcadores invisibles al ojo humano, siempre y cuando la entrada de datos sea impecable.

Los desafíos regulatorios y el gobierno de la tecnología

Al cierre del panel, la Dra. Marisa Aizenberg sintetizó las preguntas y dilemas jurídicos que abre el avance acelerado de estas herramientas en la gestión de la salud: “¿Estamos incorporando ya la inteligencia artificial para mejorar las decisiones que tomamos o estamos empezando a cambiar qué consideramos una buena decisión en salud?”.

Aizenberg planteó la necesidad de resolver la protección de los datos sensibles de los pacientes, la auditoría de herramientas algorítmicas que se actualizan de forma continua y la formación de los profesionales jóvenes. “La tecnología avanza más rápido que el derecho y la inteligencia artificial está cambiando aquello que el derecho debe regular. No sirven las autorizaciones rígidas: debemos gobernar la tecnología”, concluyó.

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Durante la primera mesa de la Jornada Anual CAPRESS, especialistas analizaron el impacto de la inteligencia artificial en la gestión de pacientes y la auditoría prestacional. Eficiencia, calidad de los datos, rol de los profesionales, participación del paciente, regulación y prevención fueron algunos de los ejes del debate.

La inteligencia artificial ya forma parte de los procesos de gestión sanitaria, pero el desafío para los prestadores de la seguridad social no parece estar solamente en incorporar nuevas herramientas, sino en determinar para qué utilizarlas, dónde generan valor y cómo integrarlas sin perder de vista la decisión profesional ni la experiencia del paciente. Ese fue uno de los principales ejes de la primera mesa de la Jornada Anual CAPRESS, «Gestión e Inversión en Salud para Prestadores de la Seguridad Social», dedicada a la IA para la gestión de pacientes y la auditoría prestacional.

La mesa, moderada por la Dra. Marisa Aizenberg, reunió a Diego Miguel, CTO de DirMOD, y Javier García Guerrero, director del Centro de Altos Estudios de Tecnologías de Información y Comunicación en Salud Digital de la Universidad ISalud, quienes abordaron distintas dimensiones de la incorporación de inteligencia artificial al sistema sanitario. La discusión recorrió desde las oportunidades de eficiencia hasta los desafíos que plantean los datos, la confianza, la regulación, el rol de los profesionales y la necesidad de pasar de una auditoría retrospectiva a una gestión preventiva.

Para Miguel, el primer paso para incorporar inteligencia artificial de manera eficiente es identificar cuáles son los procesos que efectivamente ofrecen margen de mejora. «Cuando empezamos a abordar cómo hacer que la inteligencia artificial sea más eficiente y nos ayude a simplificar procesos, lo primero que tenemos que determinar es dónde están las oportunidades de eficiencia», sostuvo.

En ese análisis identificó tres áreas: la asistencialidad, las tareas operativas de los profesionales y la dimensión económica. Entre los datos mencionó que «hay un 11,3% de los turnos que finalmente no se terminan ejecutando», una situación que representa una oportunidad concreta para mejorar el funcionamiento del sistema.

También puso el foco en el tiempo médico destinado a tareas que no agregan valor directo a la atención. «Estamos viendo que aproximadamente 13 horas por semana se destinan a tareas operativas que no llegan al paciente final», afirmó. A esto sumó las pérdidas económicas asociadas, entre otros factores, con estudios que no se realizan a tiempo o inconsistencias en la documentación. «Lo veo como una gran oportunidad y no como un problema», remarcó.

En términos de impacto potencial, Miguel estimó que la automatización podría mejorar la asistencialidad hasta un 25%, reducir hasta un 30% determinadas tareas sin valor agregado para los profesionales y generar ahorros de tiempo superiores al 25% en procesos de análisis y clasificación documental.

Pero la incorporación tecnológica también enfrenta un problema de escala. Según señaló, aunque la adopción de inteligencia artificial generativa alcanza a cerca del 79% de las empresas, solo el 37% declara haber obtenido impacto en el negocio. Para Miguel, parte del problema está en proyectos que se enfocan en la herramienta antes que en el problema que buscan resolver y en pilotos que no logran escalar.

La advertencia sintetizó uno de los puntos centrales de su exposición: «Queremos evitar que la IA sea un chiche tecnológico».

IA con integración y transdisciplina 

García Guerrero, por su parte, planteó que la inteligencia artificial es un fenómeno que seguirá avanzando, pero cuya implementación requiere resolver problemas todavía pendientes. «La inteligencia artificial es un fenómeno inevitable y, al mismo tiempo, puede resultar inviable si no logramos destrabar algunas cuestiones que están absolutamente vigentes y que tienen que ver con los problemas que presenta su implementación», sostuvo.

Uno de esos desafíos es aprovechar la enorme cantidad de información disponible. Según señaló, el 30% de los datos que se generan y utilizan actualmente en el mundo son sanitarios, pero el 97% permanece desaprovechado. «El desafío no es agregar datos, conservarlos ni siquiera garantizar su seguridad, sino lograr que esos datos contribuyan a tomar mejores decisiones», afirmó.

Para García Guerrero, además, la tecnología está evolucionando desde sistemas que responden consultas hacia herramientas capaces de interactuar y actuar. «Ya no dependemos solamente de un oráculo que nos responda todo lo que le preguntamos. Contamos con agentes virtuales que interactúan entre sí, resuelven, actúan y toman decisiones», señaló.

Ese escenario exige, a su entender, abandonar procesos administrativos que dificultan la gestión y avanzar hacia soluciones capaces de integrar distintas disciplinas. «No podemos seguir atrapados en la arqueología burocrática del papel, los expedientes y las auditorías de cosas que ya pasaron y son irremediables. Necesitamos evolucionar y utilizar la inteligencia artificial para organizar nuestros procesos».

También destacó la necesidad de trabajar con soluciones transdisciplinarias «que nos permitan homogeneizar nuestros lenguajes y entendernos entre distintas especialidades», sostuvo.

En cuanto al lugar de los profesionales, García Guerrero fue enfático: «La inteligencia artificial no viene a reemplazar al profesional, de ninguna manera. Viene a aligerar la carga administrativa, a darnos alternativas para llegar al mejor diagnóstico y a hacer un pretriaje que después nosotros decidiremos».

En ese proceso, remarcó la importancia de mantener la intervención humana y señaló que . «ese humano en el medio es insustituible», al tiempo que explicó que la decisión sanitaria requiere considerar características individuales que no pueden reducirse a patrones generales: «No podemos pretender que una máquina decida por sí sola qué patología o qué cuadro tiene un paciente, porque no tenemos la misma genética, el mismo perfil epidemiológico, los mismos efectos, la misma historia ni el mismo contexto social».

El debate también incorporó la cuestión de la confianza. Para García Guerrero, el desafío consiste en pasar de la expectativa tecnológica a una implementación respaldada por reglas y evidencia y planteó la necesidad de avanzar tanto en regulación como en una selección precisa de los usos de estas herramientas. «Tenemos que avanzar en distintos planos: en lo regulatorio y en una selección muy estructurada de dónde aplicar la inteligencia artificial, qué sistema utilizar y de qué manera hacerlo».

La auditoría fue otro de los puntos sobre los que puso el foco. Frente a un modelo tradicional que analiza lo ocurrido una vez finalizado el proceso, propuso utilizar la inteligencia artificial para detectar desvíos antes de que se transformen en problemas. «La auditoría ha sido siempre ex post: hasta que no se cierra un proceso, no lo miro. Pero necesitamos que la inteligencia artificial funcione determinando los precursores, detectando cuándo algo se aparta del patrón y permitiendo intervenir preventivamente».

El paciente y las decisiones que vienen

El intercambio final estuvo moderado por la abogada Marisa Aizenberg, directora del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho de la UBA, quien llevó la discusión hacia dos preguntas que condensaron buena parte de los desafíos planteados durante la mesa. «¿Estamos incorporando ya la inteligencia artificial para mejorar las decisiones que tomamos o estamos empezando a cambiar qué consideramos una buena decisión en salud?», preguntó y sumó una segunda preocupación: «No vi al paciente involucrado en todos estos procesos. Me parece que ahí tenemos algún punto de dolor».

Ante esta pregunta, Miguel reconoció que «hoy todo lo que es la inteligencia artificial está apuntando más a un proceso de eficiencia que de orientación al cliente. Eso es verdad», señaló. Sin embargo, sostuvo que la tecnología tiene capacidades para avanzar también en esa dirección, siempre que primero se ordenen los procesos internos. «Para llegar al cliente primero tenemos que tener procesos de fondo mucho más alineados y mejor trabajados. Si no tenemos resuelta la burocracia y los procesos, por más que le pongamos tecnología o más herramientas a disposición, en el fondo se va a seguir chocando con procesos lentos y finalmente es lo mismo», explicó.

Respecto de la toma de decisiones, Miguel consideró que el impacto más inmediato estará en el tiempo y en la cantidad de evidencia disponible, antes que en un reemplazo de la decisión profesional. «Puede ser que cambie la velocidad en que se toman las decisiones y también que tengan mayor evidencia y que se tomen decisiones quizás con más información», planteó.

García Guerrero puso el foco, en este punto, en la explicabilidad de los sistemas -«un atributo indispensable y vigente de la inteligencia artificial»- y vinculó esa capacidad con la posibilidad de ampliar el acceso al conocimiento y mejorar las decisiones en lugares donde los recursos especializados son limitados.

Respecto del paciente, fue categórico: «El paciente es el principal actor de todo nuestro accionar, que tiene sentido para servir a esos valores».

Desde esa perspectiva, vinculó el debate sobre inteligencia artificial con la necesidad de actualizar las reglas que organizan el sistema sanitario. «Estamos trabajando sobre una nueva ley de historia clínica que tiene que atenerse no a dictaminar cómo, cuándo, con quién y por qué, sino a los principios rectores que no han cambiado desde hace más de 1000 años», señaló.

La conversación dejó planteado un desafío que excede la incorporación de una nueva tecnología. La inteligencia artificial puede acelerar procesos, analizar grandes volúmenes de información y anticipar desvíos, pero su impacto en salud dependerá de cómo se integren esas capacidades con los procesos existentes, la decisión profesional, la participación del paciente y un marco regulatorio capaz de acompañar su evolución.

«Necesitamos desarrollar algo propio que nos permita superar estos dilemas y nos habilite a una nueva posibilidad de salud pública, viable, posible y necesaria», concluyó García Guerrero. 

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La Cámara de Prestadores de la Seguridad Social inició la jornada “Gestión e Inversión en Salud para Prestadores de la Seguridad Social”, con la participación de autoridades de CAPRESS y de la Universidad ISALUD. La apertura estuvo atravesada por un llamado a fortalecer la articulación entre actores del sector. También se firmó un convenio de colaboración entre CAPRESS y la Fundación ISALUD.

La necesidad de generar espacios de articulación y cooperación entre los distintos actores del sistema de salud fue uno de los ejes de la apertura de la Jornada Anual de CAPRESS, “Gestión e Inversión en Salud para Prestadores de la Seguridad Social”. El encuentro comenzó con las palabras de la presidenta de la Cámara, María Teresita Ithurburu y del secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad ISALUD, Claudio Ortiz. 

La apertura tuvo además un momento institucional con la firma de un convenio de colaboración entre CAPRESS y la Fundación ISALUD, con la presencia de la presidenta de la Fundación ISALUD, Lorena González Bender, un acuerdo orientado a fortalecer el vínculo entre ambas instituciones y a generar nuevas instancias de trabajo conjunto.

“CAPRESS es una cámara nueva que quiere encontrar un camino nuevo, de desarrollo, de otra forma de hacer las cosas para estar más unidos, potenciarnos y hacer sinergia. Y confluimos hacia esto: tender puentes”, planteó Ithurburu al abrir formalmente la jornada.

La presidenta de CAPRESS destacó además que esa búsqueda de articulación forma parte de la construcción de la Cámara y remarcó la importancia de trabajar junto con otras organizaciones del sector. “Para nosotros es muy importante que todo este trabajo sea en conjunto, con las distintas cámaras que hoy nos acompañan”, sostuvo y agradeció la presencia de dirigentes de la UAS,  ACAMI, ADECRA, CEDIM, CONFECLISA, SALUD FEDERAL y FECLIBA.

En esa línea, Ithurburu señaló que la jornada fue pensada como un espacio de intercambio y no solamente como una sucesión de exposiciones. “Queremos que esta jornada sea participativa y por eso generamos algunas herramientas para que ustedes también participen, para tener un ida y vuelta, escucharnos y seguir construyendo puentes”, expresó.

El concepto de articulación también estuvo presente en las palabras de Claudio Ortiz, quien destacó el vínculo de la Universidad ISALUD con la formación y el desarrollo del sector sanitario. “Esta casa tiene más de 30 años de trayectoria trabajando por la salud pública argentina y formando profesionales en ese sentido, y por eso es un placer alojar a la Cámara en nuestra casa”, afirmó.

Ortiz recordó además el recorrido de la institución en áreas vinculadas con la gestión sanitaria. “Somos pioneros en economía, sistemas, administración y servicios de salud”, señaló, y definió a ISALUD como “una universidad con compromiso social y centrada en la innovación”.

Desde esa perspectiva, sostuvo que la formación y el trabajo institucional deben contribuir a una mirada de sistema. “Tenemos que trabajar para una salud equitativa y accesible para toda la población”, planteó.

La jornada reunió a prestadores de salud, cámaras sectoriales, especialistas y referentes del sector, con una agenda centrada en algunos de los principales problemas que atraviesan actualmente la gestión sanitaria: la reforma tributaria, los costos prestacionales, el financiamiento, la eficiencia, la calidad y el impacto de las nuevas tecnologías.

La organización destacó asimismo el acompañamiento institucional y empresarial que hizo posible el encuentro, y de los sponsors y aliados institucionales que acompañan las actividades de CAPRESS.

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Podés ser parte de la Jornada Anual CAPRESS 2026 de manera virtual.

Te invitamos a seguir la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Universidad ISALUD, y compartir junto a referentes del sector una jornada dedicada a analizar los principales desafíos y oportunidades para los prestadores de la seguridad social.

Jueves 10 de septiembre
Desde las 9:30 hs.
Transmisión en vivo por YouTube – Universidad ISALUD

Gestión e Inversión en Salud para Prestadores de la Seguridad SociaL | Tendemos puentes

Sumate a la transmisión y acompañanos.

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Una jornada pensada para analizar el contexto, compartir experiencias y poner en común herramientas concretas para una gestión más eficiente y sostenible. Se propone un espacio de reflexión e intercambio sobre buenas prácticas y desafíos que enfrentan los prestadores en el contexto del sistema de salud argentino, con una agenda centrada en la innovación y transformación digital, la configuración económica, el financiamiento y la gestión basada en valor.

Contaremos con reconocidos expositores, especialistas y referentes del ámbito académico, empresarial, sindical, representantes del Poder Legislativo y funcionarios públicos y autoridades de Cámaras, todos del sector salud.

Durante el encuentro abordaremos tres temas centrales:

IA en servicios de diagnóstico, gestión de pacientes y auditoría.
Costos prestacionales: costos, financiamiento y el impacto de la “no calidad”.
Proyectos de reforma tributaria en salud.

Consultá la Agenda

Porque gestionar mejor también implica anticiparse a los cambios, incorporar nuevas herramientas y generar espacios de intercambio entre quienes forman parte del sistema.

Inscripción abierta haciendo click en este enlace.

La Jornada requiere de la inscripción previa, por cupos limitados.

¡Nos encontramos pronto!

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